El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha levantado temporalmente una orden judicial que impedía al Gobierno de Donald Trump realizar deportaciones sumarias de ciudadanos venezolanos en virtud de la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, normativa que no se había aplicado desde la Segunda Guerra Mundial. Esta medida permitió al gobierno de Trump, con el respaldo de cinco votos a favor y cuatro en contra en el Supremo, llevar a cabo las deportaciones sin necesidad de un procedimiento judicial previo. Sin embargo, el Supremo ha establecido que los migrantes deben ser notificados y tener la oportunidad de impugnar su deportación en un tiempo razonable. Los migrantes afectados están retenidos en Texas, y se ha determinado que los procedimientos legales sobre sus deportaciones deben realizarse dentro de ese estado, descartando la jurisdicción del Distrito de Columbia.
El Gobierno estadounidense argumenta que esta acción es una cuestión de seguridad nacional, afirmando que la ley de Enemigos Extranjeros es vital para abordar amenazas urgentes y que la competencia sobre seguridad nacional recae sobre el presidente. Trump ha manifestado que la banda criminal transnacional conocida como Tren de Aragua se ha infiltrado en el gobierno de Nicolás Maduro y representa una amenaza directa a la seguridad del país. Pese a la orden judicial inicial de bloqueo, la administración Trump llevó a cabo deportaciones, enviando alrededor de 200 venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador el mismo día que se solicitó el uso de esta controversial ley. Esta decisión ha generado una intensa discusión sobre los límites del poder presidencial y el debido proceso en cuestiones migratorias.
Leer noticia completa en 20minutos.
