El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha autorizado a la Administración de Donald Trump a seguir con la polémica política de deportación de migrantes a terceros países, sin permitirles una defensa adecuada y sin considerar los riesgos a los que podrían enfrentarse. Esta decisión se produce tras el envío de migrantes, incluidos venezolanos, a naciones como El Salvador y Panamá, pese a las críticas de abogados, activistas y la opinión internacional. El fallo revoca la orden del juez federal de Boston, Brian Murphy, que exigía un debido proceso y tiempo suficiente para que los migrantes discutieran sus casos antes de ser deportados. Las juezas liberales de la corte, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, discreparon vehementemente, calificando la decisión como un abuso flagrante.
La resolución del Supremo representa un triunfo para Trump y su enfoque firme en materia migratoria, alineándose con otros intentos de su administración por retirar protecciones a migrantes, como el Estatus de Protección Temporal para venezolanos. El juez Murphy había defendido insistentemente el respeto al debido proceso, citando casos en los que los migrantes fueron deportados sin aviso previo, lo que resultó en incomunicación y pérdida de citas judiciales. A pesar de estas preocupaciones, el Tribunal movió a favor del gobierno, apoyando así una política que muchos consideran una violación de derechos humanos.
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