El Tribunal ha emitido una sentencia a raíz de un recurso presentado por el partido político Vox, en la que concluye que no se consideró adecuadamente el impacto económico de la medida sobre determinados colectivos empresariales con menos capacidad económica. Esta resolución judicial aún no es definitiva, lo que implica que mientras el fallo no sea firme, se mantiene la prohibición de circulación de vehículos por el centro de la ciudad, afectando a comerciantes y residentes de la zona.
La medida había generado un intenso debate entre defensores de la reducción del tráfico para mejorar la calidad del aire y sectores económicos que argumentan que las restricciones les perjudican gravemente. La sentencia añade un nuevo capítulo en esta controversia, subrayando la necesidad de equilibrar medidas ambientales con la viabilidad económica de pequeños y medianos negocios. La espera por un fallo definitivo deja en suspenso la situación y añade incertidumbre sobre el futuro de la movilidad en el centro urbano.
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