Francesc, de 54 años, se ve obligado a enfrentar un proceso judicial para acceder a la eutanasia tras sufrir múltiples problemas de salud graves, incluidos tres ictus y dos infartos. A pesar de haber completado todos los pasos requeridos por la ley, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió que el caso debía ir a juicio, debido a la impugnación presentada por el padre de Francesc. Este recurso, presentado en julio, sostiene que su hijo sufre problemas de salud mental y no está en condiciones de tomar una decisión informada sobre su muerte, sugiriendo que con el tratamiento adecuado, su situación podría ser gestionable. Sin embargo, la jueza Montserrat Raga había autorizado el reinicio del proceso de eutanasia en noviembre, subrayando que la ley vigente desde 2021 contempla el derecho a una muerte digna bajo ciertas condiciones específicas, lo que incluye el padecimiento de sufrimientos intolerables sin posibilidad de mejoría.
Este caso no es aislado y resalta las complicaciones legales que pueden enfrentar quienes desean ejercer su derecho a la muerte digna en España. Otro ejemplo es el de Noelia, una joven parapléjica cuyo deseo de acceder a la eutanasia también fue inicialmente bloqueado por su padre, pero finalmente validado por la justicia. Según datos de 2023, de las 766 solicitudes de eutanasia recibidas, solo 334 fueron concedidas, y una de las principales razones de denegación fue el fallecimiento del solicitante antes de completar el proceso. La asociación Derecho a Morir Dignamente critica que estos procedimientos judiciales prolongados contradicen la intención de la ley de eutanasia, que a través de su riguroso proceso de verificación, busca garantizar el derecho a morir con dignidad sin necesidad de intervención judicial, salvo en casos de denegación explícita de la prestación.
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