El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado la solicitud del Ayuntamiento de Fuenlabrada de detener las obras que lleva a cabo la Comunidad de Madrid en el centro de menores de La Cantueña. El ayuntamiento, liderado por el socialista Javier Ayala, había alegado que el contrato para la adecuación del edificio, adjudicado a la empresa Construcciones Ruesma S.A., podía causar daños irreparables. Sin embargo, la justicia respalda a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, argumentando que la situación actual de los menores no acompañados en España justifica la adecuación de las instalaciones para su acogida. A pesar de que en junio el ayuntamiento intentó paralizar las obras, un tribunal permitió que continuaran debido a la presión migratoria. Los primeros menores migrantes llegaron al centro a finales de septiembre, y según la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, el centro opera con normalidad.
El nuevo centro de acogida está situado en el polígono de Cobo Calleja, generando controversia por su lejanía de viviendas y servicios comunitarios. El alcalde Ayala ha manifestado su preocupación ante la Comisión Europea contra el Racismo e Intolerancia, criticando la falta de consulta por parte del gobierno regional. Paralelamente, Díaz Ayuso ha anunciado que el complejo incluirá un centro de integración y formación, proporcionando a los jóvenes inmigrantes oportunidades de inserción sociolaboral. Las instalaciones ofrecerán espacios educativos y para actividades, abiertos también a los residentes no inmigrantes de localidades cercanas. La administración autonómica considera estudiar nuevas líneas de transporte público para mejorar el acceso al centro, fomentando así una convivencia inclusiva y ofreciendo recursos que beneficien tanto a los menores migrantes como a la comunidad local.
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