La tensión en torno a la implementación de la reforma electoral en México alcanza un nuevo punto álgido debido a la controversia sobre la elección de jueces, magistrados y ministros. A pesar de la suspensión del proceso de selección de candidaturas ordenada el 7 de enero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido un ultimátum al Comité de Evaluación del Poder Judicial, exigiendo que en un plazo máximo de 24 horas reactive el proceso. La Sala Superior del tribunal, mediante mayoría de votos, ha decidido instruir al comité a destrabar el procedimiento que ha mantenido congelada la selección de aspirantes para 881 cargos judiciales que serán sometidos a voto popular en junio. Este conflicto se intensifica al considerar inapropiada la suspensión judicial, resaltando que los amparos no son procedentes en esta esfera electoral.
El pleno del tribunal, en apoyo al proyecto impulsado por la magistrada Mónica Soto, ha evidenciado la necesidad de una denuncia penal contra el juez de Michoacán que dictó la suspensión. La presidenta del tribunal subrayó que el orden constitucional prohíbe que los Comités de Evaluación detengan sus funciones esenciales en el proceso electoral. Por su parte, el magistrado Felipe de la Mata ha defendido que cualquier suspensión en esta elección judicial transgrede la Constitución, poniendo de manifiesto un exceso en las atribuciones de los jueces de amparo. Sin embargo, no todos los magistrados comparten esta visión; Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón han votado en contra, argumentando que la situación debería ser resuelta por el Supremo, dada la discrepancia entre criterios en materia de amparo. Asimismo, han exhortado a la corte a aclarar las impugnaciones de aspirantes excluidos, reflejando así la complejidad política y jurídica que rodea esta reforma electoral.
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