Desde 2021, el organismo fiscalizador ha insistido en la necesidad de restringir el uso de dinero en efectivo, argumentando que su circulación complica significativamente las labores de control tributario y financiero. Esta iniciativa busca facilitar la trazabilidad de las transacciones económicas y combatir la evasión fiscal, sin embargo, ha encontrado resistencia en varios sectores que temen un impacto negativo en la economía informal. A pesar de las propuestas de regulación del organismo, el efectivo sigue siendo un pilar en numerosas transacciones diarias, lo que presenta desafíos continuos para la agencia encargada de supervisar el cumplimiento fiscal.
Además, el organismo ha puesto atención en la regulación de los microcréditos, un sector que, según denuncian, está siendo explotado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La preocupación radica en que estas pequeñas líneas de crédito pueden generar situaciones de endeudamiento excesivo entre los consumidores más vulnerables, que a menudo recurren a ellas por falta de alternativas. Se ha solicitado una normativa más estricta para proteger a los usuarios y asegurar prácticas justas en el sector. Hasta ahora, la respuesta política ha sido insuficiente, dejando abiertas preguntas sobre cómo equilibrar la accesibilidad financiera con la protección del consumidor.
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