En un reciente y complejo fallo, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de EE. UU. se pronunció sobre el controvertido uso de los «geofence warrants», pero evitó abordar cuestiones constitucionales clave. En una sesión completa, el tribunal emitió una opinión lacónica confirmando un fallo anterior en el caso «United States v. Chatrie», que permite el uso de evidencia obtenida a través de un geofence warrant, pero sin consenso sobre asuntos fundamentales.
El fallo del tribunal, compuesto por quince jueces, resultó en nueve opiniones separadas, ninguna con mayoría. Esta diversidad de opiniones refleja una división significativa sobre si estos warrants constituyen una violación de la Cuarta Enmienda. Este desacuerdo significa que el fallo no proporciona la claridad esperada y deja sin resolver una oportunidad de unificación con otros tribunales que han tachado de inconstitucionales estos métodos.
Los geofence warrants obligan a proveedores como Google a revisar datos de ubicación para identificar usuarios en áreas específicas en momentos específicos, con riesgos potenciales para la privacidad y la libertad individual. Ante intensas críticas, Google anunció que podría descontinuar su cooperación con tales solicitudes en el futuro.
A pesar de los cambios, aún persisten numerosos casos en los tribunales que utilizan evidencia de geofence warrants. El fallo del tribunal de distrito en el caso «Chatrie» marcó un precedente importante al criticar la amplitud de estos warrants, calificándolos como inconstitucionales, pero aceptando la evidencia por haber sido obtenida de «buena fe».
Durante la apelación, el Cuarto Circuito revisó el caso en su totalidad, mostrando una clara división de opiniones: siete jueces consideraron que los geofence warrants representan una búsqueda según la Cuarta Enmienda, mientras que otros tantos discreparon. Aunque el tribunal no llegó a un consenso sobre las implicaciones constitucionales, tampoco desestimó el sólido análisis del tribunal inferior.
Hasta ahora, otros tribunales de apelaciones que han tratado el tema han señalado serios problemas constitucionales, evidenciando preocupaciones sustanciales sobre la legalidad y los derechos de privacidad afectados por el uso de estas herramientas por parte de las autoridades.
