El Tribunal Constitucional ha tomado una decisión trascendental al admitir a trámite todos los recursos presentados por las comunidades autónomas contra la ley de amnistía, además de tres impugnaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). En un movimiento inesperado, el tribunal asumió en bloque 14 recursos procedentes de gobiernos y parlamentos autonómicos, mayoritariamente gobernados por el Partido Popular, y uno del ejecutivo de Castilla-La Mancha, liderado por el PSOE. Esta decisión marca una dirección clara tras las preocupaciones iniciales sobre la legitimidad de las comunidades para impugnar una ley de carácter nacional, una duda que el pleno anterior mantenía al admitir un recurso de las Cortes de Aragón. Parecería que el Tribunal Constitucional está dispuesto a escuchar los argumentos de estas regiones, aunque la resolución final podría esperar hasta que se decidan las acciones preexistentes, como la impugnación del Tribunal Supremo y la del grupo parlamentario del PP.
El pleno del Tribunal Constitucional también ha decidido emplazar a la Fiscalía para que formule alegaciones respecto a las impugnaciones del TSJC, que hasta la fecha suman ya cuatro casos admitidos a trámite. Este paso muestra la intención del tribunal de considerar profundamente los elementos constitucionales cuestionados por las diversas instituciones. Mientras tanto, los sectores progresistas del tribunal han manifestado su preocupación sobre el precedente que podría establecerse al admitir todos los recursos, temiendo que cualquier conflicto territorial futuro desencadene una oleada de impugnaciones. Sin embargo, un grupo de letrados designados por el tribunal ha aportado una interpretación amplia de la jurisprudencia, defendiendo el derecho de las comunidades a recurrir la ley al considerar que ésta toca sus competencias y afecta a derechos fundamentales, intereses legítimos también para las autonomías.
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