Cuatro meses después del polémico decreto de ley marcial por parte de Yoon Suk-yeol en Corea del Sur, el Tribunal Constitucional del país ha decidido por unanimidad destituir al presidente, un hecho que supone un punto de inflexión en la intensa crisis política que ha dividido a la nación. Este fallo se produjo después de 73 días de deliberación y ratifica la decisión de la Asamblea Nacional que había suspendido a Yoon en diciembre. Los magistrados consideraron que las acciones de Yoon violaron el orden constitucional, ya que la situación no justificaba la declaración de estado de excepción. La destitución de Yoon sigue a la de Park Geun-hye en 2017, lo que subraya las tensiones internas en una de las democracias más importantes de Asia.
La decisión del Constitucional ha desencadenado reacciones encontradas en todo el país. Mientras los detractores de Yoon celebran la medida como una victoria para la democracia, sus partidarios critican al tribunal por ceder a la presión política. Las tensiones han llevado a miles de personas a manifestarse en las calles, y el Gobierno ha reforzado la seguridad en Seúl. Con las elecciones presidenciales previstas en un plazo de 60 días, el país se enfrenta a un futuro incierto en medio de una profunda polarización política que podría complicar la capacidad para restablecer un liderazgo sólido. Además, la situación política interna ha debilitado las relaciones exteriores de Corea del Sur, especialmente con Estados Unidos, lo que añade una capa de complejidad a este convulso panorama político.
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