La Sala de Apelación ha confirmado la decisión del juez instructor en el caso del ex president, dictaminando que este obtuvo un beneficio patrimonial mediante el uso indebido de fondos públicos destinados a actividades políticas personales. Esta resolución ratifica que el ex mandatario desvió recursos estatales con propósitos no autorizados, violando las normas de gestión pública y comprometiendo la integridad del cargo que ostentaba. La investigación reveló que los fondos fueron utilizados de manera sistemática para financiar proyectos ajenos a las funciones oficiales, lo que generó un enriquecimiento indebido a costa del erario público.
Con esta decisión, el tribunal subraya la gravedad de los hechos, destacando el impacto negativo de estos actos de corrupción en la confianza del público hacia las instituciones gubernamentales. La condena impuesta incluye sanciones económicas y la inhabilitación para ocupar cargos públicos en el futuro, mandando un mensaje contundente sobre la necesidad de transparencia y responsabilidad en la administración pública. Este fallo podría sentar un precedente en la jurisprudencia española sobre la malversación de fondos públicos, enfatizando la importancia de la rendición de cuentas y señalando que los abusos de poder no quedarán impunes.
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