La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha habilitado el regreso de su predecesor, Álvaro García Ortiz, a su puesto en el Tribunal Supremo tras una condena a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Peramato ha firmado un decreto de la Inspección Fiscal que argumenta que los fiscales condenados a penas inferiores a seis meses de prisión no deben ser expulsados de la carrera, alineándose con el tratamiento similar que se otorga a los jueces. Este criterio se basa en el artículo 44.2º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y en precedentes que indican que la inhabilitación solo afecta a su antiguo cargo de fiscal general, permitiendo su reincorporación al reconocer su derecho a continuar su carrera profesional.
García Ortiz ha solicitado su reintegro a la Sección de lo Social del Supremo, un área menos visible del tribunal, donde puede desempeñar sus funciones como fiscal de Sala. La interpretación de la normativa vigente señala que tanto jueces como fiscales condenados por delitos dolosos únicamente perderán su condición si la pena supera los seis meses de prisión. Esta postura se respaldó en 2017, buscando homogeneizar el trato entre ambas carreras judiciales, y ha sido aplicada en este caso. La Inspección Fiscal ha concluido que la condena de García Ortiz fue especificada únicamente para su inhabilitación como jefe del Ministerio Público, permitiendo así su retorno al alto tribunal sin pérdida de estatus como fiscal.
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