El Tribunal Supremo ha ratificado que la Comunidad de Madrid actuó conforme a la legalidad durante el estado de alarma en lo que respecta a la gestión de las residencias de mayores por la Covid-19. Esta decisión respalda la actuación del gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, que defiende haber proporcionado la asistencia adecuada a los mayores, sin la obligación de medicalizar las residencias. La sentencia desestima el recurso del Ayuntamiento de Leganés, que había denunciado la falta de personal sanitario y la incapacidad de realizar test para diferenciar entre residentes contagiados y no contagiados. En su argumentación, el Supremo subraya que las directrices del Gobierno Central no implicaban la transformación de las residencias en centros sanitarios, sino que se limitaban a orientar sobre la derivación hospitalaria.
Este fallo del Supremo se suma a una serie de decisiones judiciales que han desestimado denuncias contra la gestión de las residencias por parte de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. En febrero, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó el recurso de Marea de Residencias, y en mayo hizo lo mismo con una apelación de familiares apoyados por la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores. En junio, el Supremo archivó una denuncia contra Ayuso que acusaba de delitos relacionados con las muertes en las residencias, al considerar que no se podían vincular muertes específicas con decisiones concretas de la denunciada. Hasta la fecha, más de veinte denuncias similares han sido archivadas, consolidando la posición legal de la comunidad autónoma en este controvertido asunto.
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