El magistrado ha decidido levantar las medidas cautelares impuestas sobre García Ortiz tras comprobar que este ha depositado un aval con su patrimonio para cubrir una fianza de 150.000 euros. Esta acción demuestra la capacidad de Ortiz de responder económicamente ante el proceso judicial en el que está involucrado, asegurando así su comparecencia en futuros procedimientos legales. La decisión judicial se produce en medio de un caso que ha captado la atención pública dada la implicancia política y económica del involucrado.
La fianza, que inicialmente se estableció para garantizar la seguridad de que Ortiz permanecería a disposición de la justicia, ha sido un punto crítico en el desarrollo del caso. Con el depósito realizado, el tribunal ha considerado que no hay riesgo de fuga, permitiendo así una mayor libertad de movimiento para el acusado mientras continúan las investigaciones. Este desarrollo marca un giro significativo en el proceso judicial, ofreciendo a Ortiz una oportunidad para preparar su defensa con menos restricciones.
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