El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Tribunal Supremo intervenir las comunicaciones de seis periodistas, quienes están protegidos por el secreto profesional. El escrito entregado este lunes solicita investigar las comunicaciones de periodistas de eldiario.es, Cadena SER y El Plural con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien está imputado por una presunta filtración de un correo que el abogado de González Amador envió a la Fiscalía. En dicho correo, González Amador admitía haber cometido un fraude fiscal y buscaba un acuerdo para evitar la cárcel. En un movimiento sin precedentes, se han solicitado a las compañías telefónicas conservar las comunicaciones de los últimos nueve meses entre estos periodistas y el fiscal general, una medida que plantea un conflicto con el derecho constitucional al secreto de las fuentes periodísticas.
Además, González Amador ha pedido al juez que autorice a la Guardia Civil a investigar los dispositivos electrónicos del teniente fiscal de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, y a analizar las comunicaciones de varias personas vinculadas al Gobierno en el momento de los hechos, lo que incluye a figuras como Francesc Vallés, Laura Sánchez Espada, Ion Antolín y Pilar Sánchez Acera. Este caso ha desatado una respuesta inmediata desde el Partido Popular de Madrid. Candela Ruiz de la Mata expresó en redes sociales su respaldo a la petición de González Amador, en un contexto donde el asesor de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, previamente había difundido información falsa para desprestigiar al Ministerio Público. La situación destaca la creciente tensión entre el ejecutivo regional madrileño y figuras clave del sistema judicial, a través de un caso que pone en jaque el equilibrio entre la protección de las fuentes periodísticas y las alegaciones de violaciones a la intimidad.
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