El instructor Leopoldo Puente ha denegado la solicitud de libertad presentada por el ex secretario de Organización del PSOE, quien se encuentra implicado en un proceso judicial de alto perfil. La decisión se produce en un contexto de agitación política y ha generado un amplio debate sobre las implicaciones legales y éticas de la medida. Según fuentes del entorno judicial, Puente argumentó que la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga justifican el mantenimiento de la medida de prisión preventiva, a pesar de los argumentos de la defensa que insistían en la ausencia de pruebas concluyentes.
Este caso ha captado la atención pública y mediática, alimentando intensas discusiones en el ámbito político y social. Diferentes líderes y analistas políticos han expresado opiniones divididas, reflejando el polarizado clima político actual. En paralelo, el PSOE enfrenta crecientes presiones internas para deslindar responsabilidades y renovar su liderazgo, en un intento por mitigar el impacto negativo sobre la imagen del partido. Mientras tanto, sectores de la opinión pública exigen transparencia y celeridad en el desarrollo del proceso judicial para asegurar la integridad del sistema legal.
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