El Tribunal Supremo ha ratificado que la Agencia Tributaria podrá llevar a cabo inspecciones simultáneas y sin restricciones a aquellos que utilicen empresas de manera sospechosa para reducir su carga impositiva. Esta medida se enfoca en quienes facturan a través de sociedades para beneficiarse de una menor tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La decisión está alineada con una política previamente anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que fija el 3 de febrero de 2025 como la fecha límite para que la Hacienda pública revele los verdaderos propietarios de las empresas, obligándoles a entregar información detallada sobre sus titulares reales.
La sentencia, dictada el 22 de julio, amplía las competencias del ministerio dirigido por María Jesús Montero para combatir el fraude fiscal. La resolución advierte que la emisión de facturas falsas para beneficiarse del Impuesto de Sociedades conllevará severas penalizaciones. Además, el Tribunal Supremo ha permitido realizar múltiples inspecciones en paralelo, subrayando que este proceder no compromete la defensa de los inspeccionados, quienes tienen la opción de impugnar cualquier liquidación en su contra.
Con el objetivo de luchar contra el fraude fiscal y el lavado de dinero, el nuevo marco legal impone a las plataformas digitales la obligación de informar al fisco sobre sus operaciones de venta. Esta normativa exige que todos los empresarios y profesionales, incluidos los no residentes con actividad en España y aquellos sujetos al régimen de atribución de rentas, presenten la Declaración censal de alta, modificación y baja mediante el Modelo 030. La medida afecta a un amplio espectro de operadores económicos y ofrece la posibilidad de que los contribuyentes amplíen la autorización para recibir notificaciones electrónicas de la Agencia Tributaria, incluso extendiéndola a la Dirección General de Tributos.
Este avance legislativo se justifica recordando un caso precedente donde la Agencia Tributaria actuó contra un abogado y su empresa por facturar servicios de manera incorrecta, buscando una reducción en el IRPF. La medida subraya la importancia de evitar la facturación de actividades económicas a través de entidades empresariales, ya que Hacienda ahora tendrá la capacidad de investigar estas operaciones con mayor escrutinio. Se establecen nuevas obligaciones para empresarios y profesionales independientes, quienes deberán examinar minuciosamente sus prácticas tributarias para cumplir con la normativa vigente.
