La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha apoyado la decisión del juez instructor Ángel Hurtado de llevar ante el tribunal al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta medida surge en el marco de una investigación por presunta revelación de secretos relacionados con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. La propuesta de elevar el caso a juicio ha generado un notable impacto en el ámbito judicial y político, destacando la relevancia de la confidencialidad en los procedimientos fiscales.
Por otro lado, la Sala ha decidido archivar la causa en relación con la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, al no encontrar suficientes elementos para sostener las acusaciones en su contra. Esta decisión marca un giro en la investigación y mantiene el foco sobre García Ortiz, quien ha defendido su permanencia en el cargo, afrontando la situación con contundencia y negando las acusaciones. La resolución del caso podría sentar un precedente importante en la gestión del secreto profesional dentro del sistema judicial español.
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