La Justicia ha decidido no abrir una causa penal contra los manifestantes que participaron en las protestas frente a la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la calle Ferraz, Madrid. Los actos, que generaron una fuerte controversia en el ámbito político y mediático, tuvieron lugar en un contexto de tensiones políticas. La decisión del tribunal se basa en la falta de pruebas suficientes para acusar a los involucrados de un delito de desórdenes públicos, descartando así cualquier acción judicial en su contra.
El incidente había suscitado preocupación entre miembros del PSOE y otros partidos, que veían en las manifestaciones una amenaza al orden público y una posible violación legal. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva de los hechos y las evidencias presentadas, el tribunal concluyó que las acciones de los manifestantes no alcanzaron el nivel de criminalidad necesario para proceder con una causa penal. Esta resolución ha sido recibida con reacciones mixtas, subrayando una vez más las divisiones existentes en el panorama político español sobre cómo manejar las protestas y la libertad de expresión en contextos de alta polarización.
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