El Tribunal Supremo ha dado un ultimátum al Gobierno español para que implemente medidas urgentes en cumplimiento de su anterior mandato de marzo, referente al cuidado de más de mil menores no acompañados, quienes son solicitantes de asilo en Canarias. Actualmente, estos menores se encuentran en centros de acogida de la comunidad, pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha instruido al Ejecutivo para que brinde informes quincenales sobre los avances realizados en esta problemática. Esta decisión surge tras la falta de acción suficiente por parte del Gobierno, lo cual podría llevar a la imposición de «medidas coercitivas» si el incumplimiento persiste.
La situación de estos menores ha generado preocupación y presión sobre las autoridades, quienes deben agilizar los procesos para garantizar el bienestar de los menores afectados. El tribunal enfatiza la urgencia del asunto, subrayando la necesidad de respuestas efectivas y rápidas por parte del Gobierno, en un contexto donde el incremento de solicitudes de asilo ha tensionado los recursos disponibles en las islas. La comunidad local y diversas organizaciones han alertado sobre la capacidad limitada de los centros de acogida, lo cual pone de manifiesto la urgencia de una solución efectiva y coordinada para esta crisis.
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