El Tribunal Supremo de España ha decidido cerrar la puerta a la posibilidad de investigar al rey emérito Juan Carlos I por presuntos delitos fiscales. La Sala Penal desestimó la querella interpuesta por un grupo de juristas que acusaban al monarca de cometer cinco delitos contra la Hacienda Pública. El auto, conducido por el magistrado Manuel Marchena, determinó el archivo del caso, coincidiendo con la postura de la Fiscalía, al considerar que los hechos no constituyen delito, están prescritos o ya fueron regularizados fiscalmente.
La decisión del Supremo confirma la protección legal que ampara al ex monarca en cuestiones de este tipo, a pesar de las acusaciones que sostenían su posible implicación en irregularidades fiscales. Esta resolución ha generado reacciones diversas en el panorama político y social español, donde algunos sectores critican la aparente impunidad y otros defienden la legalidad del proceso judicial. El caso cierra otro capítulo en la compleja trayectoria judicial de Juan Carlos I desde su abdicación.
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