En un mundo interconectado y digitalizado, la pregunta sobre la propiedad de los datos personales almacenados en la nube se ha vuelto crucial. La doctrina del tercero, un principio jurídico asentado en los años 70, permite al gobierno de Estados Unidos acceder a la información almacenada por terceros, como Google, Microsoft o Amazon, sin necesidad de una orden judicial.
Esta doctrina sostiene que al compartir información con una empresa, los ciudadanos pierden su expectativa razonable de privacidad, dejando esa información fuera de las protecciones del Cuarto Amendamiento. Sin embargo, un caso reciente ante el Tribunal Supremo podría cambiar esta interpretación.
El caso involucra a James Harper, quien se vio envuelto en un enfrentamiento legal con la Agencia Tributaria de EE.UU. (IRS). Harper descubrió que sus datos en Coinbase habían sido accedidos por la IRS sin orden judicial, como parte de una operación masiva para obtener información de miles de usuarios. Los tribunales inferiores respaldaron la actuación de la IRS, citando la doctrina del tercero.
Sin embargo, el avance tecnológico y la digitalización de la vida cotidiana han propiciado un replanteamiento de esta doctrina por parte de los defensores de la privacidad. En 2018, en el caso Carpenter vs. United States, el Tribunal Supremo dictaminó que se requería una orden judicial para acceder a historiales de localización de teléfonos móviles, sugiriendo que quizás llegó el momento de revisar otros aspectos relacionados con la privacidad digital.
El Cato Institute y la New Civil Liberties Alliance han alzado sus voces en apoyo a Harper, advirtiendo sobre los riesgos de mantener esta doctrina intacta. Aseguran que el gobierno ha utilizado este vacío legal para eludir la necesidad de órdenes judiciales al acceder a datos sensibles de los estadounidenses.
La decisión del Tribunal Supremo de revisar o no la doctrina del tercero podría tener amplias implicaciones. En un escenario donde la regulación digital es objeto de debate global, y con la inteligencia artificial amplificando los riesgos de vigilancia, un fallo que proteja la privacidad digital significaría un cambio histórico en la jurisprudencia estadounidense. La soberanía de los datos y las libertades individuales están en juego, y el mundo observa expectante.
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