El Tribunal Supremo se encuentra en una deliberación crucial sobre la regulación extraordinaria de inmigrantes implementada por el Gobierno, que busca otorgar permisos de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de individuos. Este proceso ha generado una serie de recursos de oposición, mayormente promovidos por la Comunidad de Madrid y el partido Vox, quienes solicitaban la paralización cautelar de la medida. Las audiencias, que comenzarán a las 11:00 horas, permitirán discutir los argumentos de los cinco recurrentes frente a la Abogacía del Estado, quien defiende la continuidad del decreto argumentando que los beneficiarios ya utilizan los servicios públicos y que la regularización será beneficiosa para la integración social y económica de estas personas.
La Comunidad de Madrid argumenta que la regularización generaría un impacto considerable en los servicios públicos, mientras que Vox alega que provocará un posible colapso en estos servicios y aumentará la inseguridad. Además, la asociación Hazte Oír sostiene que el proceso podría ser un fraude de ley con consecuencias irreversibles. Sin embargo, la Abogacía del Estado refuta estas afirmaciones, asegurando que frenar el decreto dañaría el interés general y destacando que la mayoría de las personas afectadas ya están integradas en el sistema. El plazo para la regularización concluye el próximo 30 de junio, lo que añade urgencia al debate en curso.
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