En una medida de considerable peso político y económico, el Gobierno ha avanzado una propuesta para perdonar 83.252 millones de euros en deuda a las comunidades autónomas, levantando una polvareda de críticas y divisiones. La iniciativa, que busca mitigar el sobreendeudamiento que estas regiones enfrentaron tras la crisis financiera, ha sido recibida con escepticismo y rechazo por parte del Partido Popular (PP), que la califica de «oferta trampa» y de un «traje a medida» para beneficiar especialmente a Cataluña.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pondrá sobre la mesa esta propuesta en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La iniciativa, nacida del acuerdo de investidura con ERC, tiene como objetivo que el Estado absorba la deuda autonómica, una problemática que, según la vicepresidenta primera, ha afectado particularmente a las regiones que no pudieron financiarse en los mercados durante los años más intensos de la crisis financiera.
Madrid, una de las pocas comunidades que ha podido mantenerse operativa en los mercados, también se verá beneficiada por esta medida, según Montero. Sin embargo, la inclusión de Cataluña como una de las principales beneficiarias del pardón, con 17.104 millones de euros, ha despertado críticas. Los números presentados revelan que Andalucía, una región gobernada por el PP, recibiría incluso una mayor exención de deuda que Cataluña, alcanzando los 18.791 millones de euros.
La propuesta parece contar con el respaldo suficiente para pasar el primer obstáculo en el CPFF, gracias a la mitad de los votos asignados al Estado. Sin embargo, el PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha prometido resistir, con la esperanza de recabar apoyo de otras comunidades autónomas gobernadas por su partido.
Mientras los debates continúan, las cifras del reparto de la exención de deuda muestran un complejo mosaico de porcentajes y montantes. Regiones como Canarias y Andalucía encabezan la lista en términos de porcentaje de deuda perdonada en relación con su endeudamiento total, con un 50% y un 48,6%, respectivamente.
Con todo, la retórica crítica del PP se dirige a la posible carga que esto representará para los ciudadanos españoles, quienes, de acuerdo con los cálculos gubernamentales, asumirían una mayor porción de deuda del Estado. La deuda total, abultada durante la administración de Pedro Sánchez, alcanzaría un umbral que añade 1.900 euros per cápita a la carga existente.
El panorama no está exento de demandas por parte de otros territorios. El País Vasco y Navarra, excluidas de esta medida por sus regímenes fiscales especiales, ya han manifestado su intención de buscar una compensación equivalente.
La propuesta de perdón de deuda simboliza una lucha política de amplio espectro, evidenciando las complejas relaciones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, al tiempo que subraya las fracturas dentro del espectro político nacional. La aceptación o rechazo de esta iniciativa no solo definirá el futuro económico de las comunidades, sino que también podría reconfigurar alianzas y realineamientos políticos en el tablero español.
Fuente: Gestha
