El debate sobre las medidas fiscales destinadas a estimular el alquiler asequible en España sigue en el centro de la discusión política y económica. Recientemente, el Gobierno ha propuesto una exención fiscal del 100% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los propietarios que regulen sus alquileres según el Índice de Precios de Referencia, una iniciativa con la que se espera incentivar la vivienda asequible y limitar el alcance en las viviendas más costosas.
Según estimaciones técnicas, los ahorros netos derivados de esta bonificación oscilan entre 67,65 y 347,23 euros, dependiendo del ingreso anual del propietario. Los beneficios más significativos se reflejarían para aquellos caseros con ingresos superiores a 30.000 euros anuales, mientras que aquellos con ingresos menores a 21.000 euros también verían cierta ventaja. No obstante, para propietarios que registran ingresos inferiores a 12.000 euros anuales o superiores a 60.000 euros, la exención fiscal planteada podría no resultar atractiva. En el primer caso, porque no tributan pese a presentar la declaración de la renta y, en el segundo, porque el ahorro potencial en IRPF podría no compensar la reducción en ingresos por alquiler.
Este enfoque se enmarca dentro de un conjunto de bonificaciones fiscales preexistentes, que ya ofrecen reducciones del IRPF de hasta el 90% para caseros que renuncian al menos a un 5% del alquiler en relación con el contrato anterior. En regiones como la Comunidad de Madrid, esto podría traducirse en una media de 5.600 euros en ahorros fiscales por casero, una cifra que podría aumentar si se implementa la eliminación total del tributo, como sugiere el Ejecutivo.
Todavía quedan por definir los detalles sobre la implementación de esta bonificación, cuya propuesta fue anunciada por el presidente Pedro Sánchez hace una semana. La administración busca que el Índice de Precios de Referencia oriente esta estrategia, pues su aplicación excluiría automáticamente a las propiedades más caras, aquellas ubicadas en zonas de rentas elevadas, protegiendo así los ingresos del Estado de beneficios fiscales innecesarios para viviendas de alto coste.
Las autoridades fiscales, representadas por Gestha, han dejado claro que buscan evitar un «premio sin mérito» para los alquileres ya altos. Con la planificación todavía en marcha, las expectativas sobre cómo se desplegará esta política fiscal se mantienen altas, con un claro enfoque en la promoción de alquileres accesibles sin debilitar las arcas públicas ni incentivar desmedidamente a propietarios que ya se benefician de rentas altas.
Fuente: Gestha
