Los Técnicos de Hacienda (Gestha) han encendido el debate fiscal al calificar de «decisión política» la decisión del Gobierno de no ajustar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en línea con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Afirman que esta medida afecta directamente a los contribuyentes más vulnerables, precisamente a aquellos que más lo necesitan. En un país donde la situación económica de los más desfavorecidos está constantemente en el centro del debate político, esta decisión no ha caído bien entre los sectores que abogan por un enfoque más equitativo de las políticas fiscales.
El Ministerio de Hacienda ha confirmado que el nuevo SMI, incrementado en 50 euros al mes para situarse en 1.184 euros mensuales (equivalentes a 16.576 euros anuales repartidos en 14 pagas), seguiría tributando en el IRPF. En respuesta, Gestha ha planteado una propuesta alternativa que exime de esta obligación tributaria a los trabajadores y pensionistas cuyos ingresos no superen este nuevo umbral del SMI, independientemente de su situación personal y familiar.
La propuesta de los técnicos sugiere una exención que podría extenderse a aquellos trabajadores y autónomos cuyos ingresos se sitúen entre el nuevo SMI y el límite vigente de rentas netas del trabajo. Este ajuste minimizaría la pérdida de recaudación en el IRPF mientras preserva al menos la situación fiscal de 2024, cuando se beneficiaba de amplias reducciones en la obtención de rendimientos.
Gestha sostiene que la aplicación actual del IRPF se traduce en un coste tributario mínimo para quienes ingresan entre 15.876 y 16.578 euros anuales, que son principalmente solteros o separados sin hijos ni cargas familiares, o parejas que realizan la declaración de la renta de forma individual y con un hijo compartido. Insisten, además, en que otras personas en situaciones distintas, como el colectivo de empleadas del hogar con ingresos inferiores a 22.000 euros anuales y sin retención fiscal, seguirán exentas de tributar.
Desde Gestha, la crítica se centra en cómo esta «medida política» podría afectar negativamente a los jóvenes, dificultando aún más su ya complejo acceso a una vivienda propia, un problema estructural y persistente en el país. Al limitar su impacto principalmente a los grupos más vulnerables, el coste social podría ser significativamente mayor que cualquier beneficio recaudatorio que el gobierno pueda estar anticipando.
Mientras continúa el debate sobre la decisión del gobierno en el ámbito fiscal, los efectos de esta política en el contexto socioeconómico más amplio seguirán siendo tema de discusión tanto en foros políticos como entre la ciudadanía, cada vez más atenta y consciente de las ramificaciones que estos cambios pueden tener en su vida cotidiana.
Fuente: Gestha
