En pleno debate sobre el sector inmobiliario en España, el gobierno presidido por Pedro Sánchez ha presentado un nuevo plan para abordar la crisis de la vivienda en el país. Anunciado con gran entusiasmo, el plan propone 12 medidas que han generado reacciones diversas y críticas tanto desde la oposición política como del propio mercado inmobiliario.
Entre las medidas más controvertidas destacan los cambios fiscales que afectan a las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis), los extranjeros extracomunitarios no residentes, los pisos turísticos y ciertos beneficios para propietarios. No obstante, la implementación de varias de estas reformas requerirá la aprobación del Congreso de los Diputados, y la falta de claridad sobre detalles concretos sigue generando incertidumbre.
Una de las propuestas más discutidas es la reforma a las socimis, que busca restringir sus ventajas fiscales si no destinan sus inmuebles al alquiler asequible. Esta medida afectaría principalmente a aquellas enfocadas en el ámbito residencial, dejando exentas a las que inviertan en oficinas o comercios. Aún persisten dudas sobre la definición exacta de «alquiler asequible» y cómo se aplicaría esta reforma a aquellas socimis con carteras mixtas.
Por otro lado, el plan incluye la introducción de una carga fiscal incrementada para los compradores extranjeros extracomunitarios no residentes. El gobierno ha sugerido que este incremento podría igualar al 100% del valor del inmueble, similar a las políticas de países como Dinamarca y Canadá. Este cambio ha suscitado preocupaciones sobre su eficacia para facilitar el acceso a la vivienda en España, ya que muchos extranjeros suelen adquirir propiedades de lujo que no compiten con el mercado local de primera vivienda.
Una medida complementaria es el aumento del IVA a los pisos turísticos, buscando redefinir su imponibilidad como un negocio. Este cambio, sin embargo, también depende de una directiva europea que aún está en discusión.
En un intento por fomentar el alquiler asequible, el Ejecutivo planea una bonificación del 100% en el IRPF para aquellos propietarios que arrienden sus viviendas basándose en un Índice de Precios de Referencia. Aunque estas exenciones buscan movilizar el parque de viviendas y reducir precios de alquiler, expertos advierten que, por sí solas, podrían no ser suficientes para atajar las causas estructurales de la crisis habitacional.
La transferencia de 30,000 viviendas gestionadas por la Sareb a una nueva entidad pública de vivienda también ha sido uno de los puntos destacados del anuncio. Sin embargo, esta operación levanta preocupaciones respecto al impacto en las cuentas públicas, dado que la Sareb debe seguir generando ingresos para amortizar su deuda.
Asimismo, se ha anunciado la constitución de una Empresa Pública de Vivienda que, según las declaraciones gubernamentales, tendrá prioridad en la compra de viviendas y suelos. Esta iniciativa suscita recelos en el sector privado, que teme una competencia desleal por parte del Estado.
Finalmente, el plan también abre camino para programas de rehabilitación de viviendas vacías y el lanzamiento de un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) enfocado en la innovación en construcción industrializada. Estas propuestas han sido recibidas con cierto optimismo por expertos, que ven en ellas un potencial camino hacia la modernización del sector y el incremento del parque de viviendas asequibles.
En el corazón del debate parece residir una demanda generalizada por claridad y concreción en las propuestas, con un sector ansioso por detalles que permitan evaluar el verdadero impacto de las políticas anunciadas.
Fuente: Gestha
