La reciente detención de Víctor de Aldama, presunto cabecilla del caso Koldo, marca un nuevo episodio en la lucha contra el fraude fiscal en España. De Aldama ha sido enviado a prisión bajo sospecha de participar en una trama fraudulenta que habría evadido aproximadamente 182 millones de euros en IVA de hidrocarburos en un plazo de dos años. Este suceso se suma al de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien poco antes se había visto involucrado en una imputación por delitos tributarios y buscaba una negociación con la Fiscalía.
Estos casos ilustran la relevancia persistente de los delitos fiscales en el panorama español, aún cuando las cifras globales de denuncias por tales crímenes registran un descenso significativo. Desde el pico registrado en 2011, cuando se reportaron más de mil casos con un total defraudado que superaba los 900 millones de euros, las denuncias han venido disminuyendo. En 2022, el número de procesos abiertos por la Agencia Tributaria (AEAT) cayó a 184, un 82% menos, si bien el importe defraudado ascendió a 612 millones de euros, considerada una cifra «extraordinaria» por las propias autoridades tributarias.
El marco legal en España define el delito fiscal a partir de dos componentes: uno objetivo, que requiere la demostración de un fraude anual superior a los 120,000 euros, y otro subjetivo, que señala la intencionalidad del individuo o entidad en evadir impuestos. Estos elementos combinan umbrales claros que distinguen delitos fiscales de infracciones menores, en contraste con sistemas fiscales de otros países donde el criterio cualitativo predomina.
La tendencia decreciente en las denuncias, señalan algunos expertos, sugiere una mejora en la conciencia fiscal y un mayor cumplimiento gracias al aumento en la percepción del riesgo y a la efectividad de políticas como el intercambio de información internacional. Sin embargo, voces críticas, como la del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), alertan sobre posibles limitaciones organizativas que afectaron la capacidad de denuncia desde 2010.
La distinción entre los delitos menores y las tramas como las de De Aldama y González Amador subraya la diversidad de estrategias requeridas para combatir el fraude fiscal. Mientras que ciertos acuerdos permiten resolver casos menores sin acudir a la vía penal, las tramas complejas requieren investigaciones que desenmascaren redes que operan más allá de las fronteras fiscales tradicionales, exacerbando el desafío que enfrentan las autoridades en la protección de las finanzas públicas.
Fuente: Gestha
