El Congreso de los Diputados ha dado un inesperado giro en la política fiscal de España al rechazar la propuesta del Gobierno de incrementar el IVA aplicado a los pisos turísticos del 10% al 21%. Esta decisión era parte de un ambicioso proyecto de reforma fiscal que pretendía equilibrar la competencia entre los diversos tipos de alojamiento y frenar el auge desproporcionado de los alquileres vacacionales, que impactan negativamente en el mercado de vivienda permanente.
La propuesta, que buscaba ajustar las cargas fiscales para establecer una equidad con el sector hotelero, ha causado un profundo debate. Actualmente, los propietarios de pisos turísticos no están obligados a abonar el IVA a menos que ofrezcan servicios adicionales como limpieza, lo cual, según sus detractores, representa una clara desventaja competitiva para los hoteles.
El grupo político Sumar, aliado del Gobierno, ha manifestado que los pisos turísticos contribuyen a fenómenos urbanos perjudiciales como la gentrificación y la reducción de viviendas disponibles para uso habitual. En contraste, los hoteles, grandes generadores de empleo, se ven afectados por estas prácticas desiguales en el mercado.
Desde una perspectiva económica, la hipotética subida del IVA podría haber forzado a los propietarios de pisos turísticos a trasladar el nuevo coste a los consumidores o a reducir sus márgenes de ganancia. Esta situación guarda ciertas similitudes con las respuestas de cadenas como Mercadona ante variaciones impositivas, que han oscilado entre absorber el impacto o ajustar precios.
El objetivo detrás de estas medidas es promover un retorno al alquiler tradicional, aunque las evidencias internacionales indican que las restricciones sobre pisos turísticos no siempre logran aliviar la presión sobre el mercado de arrendamiento a largo plazo. La efectividad de un incremento del IVA en facilitar el acceso a la vivienda sigue bajo la lupa de economistas y expertos en urbanismo.
Para el sector hotelero, en particular para los segmentos medio y económico, este cambio fiscal habría ofrecido una oportunidad para mejorar su competitividad y ampliar su margen operativo. Especialistas argumentan que una reforma fiscal adecuada podría consolidar el sector hotelero y generar una pugna más equitativa en el mercado.
El Gobierno, aunque ha encontrado oposición a su propuesta de IVA, mantiene su compromiso con la regulación de los alquileres vacacionales, sugiriendo iniciativas como el registro obligatorio de estas propiedades. Sin embargo, sigue sin alcanzarse un consenso sobre el método más eficaz para equilibrar el fomento del turismo con la protección del entorno urbano y social.
Esta disputa fiscal no solo pone de relieve cuestiones de equidad tributaria, sino que también abre un diálogo crucial sobre cómo equilibrar el crecimiento turístico con la calidad de vida en las ciudades. La ciudadanía observa con atención los futuros movimientos en la política regulatoria, esperando que se diseñen estrategias que garanticen un desarrollo turístico sostenible y ordenado en España.
Fuente: Gestha
