En Madrid, los Técnicos del Ministerio de Hacienda, conocidos como Gestha, han expresado su opinión sobre la futura reforma del sistema de financiación autonómica presentada por María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Según Gestha, el nuevo esquema, que recoge 20.975 millones de euros, debería aumentar en otros 16.000 millones para afrontar adecuadamente los déficits de financiación de las comunidades autónomas.

A través de sus cálculos, Gestha proyecta que si este incremento se suma a los 23.119,45 millones adicionales previstos entre 2023 y 2025, el montante final podría alcanzar los 60.000 millones de euros adicionales para las autonomías de régimen común. Este aumento permitiría a las comunidades manejar unos 250.000 millones de euros, lo que ayudaría a evitar déficits estructurales y a reducir su endeudamiento.

Los técnicos subrayan que el magnitud del presupuesto debe ir acompañado de una corresponsabilidad en la gestión de los ingresos tributarios y la estabilidad fiscal de los gobiernos regionales. Gestha propone reforzar la corresponsabilidad fiscal mediante la implementación de reglas comunes, evitando el dumping fiscal y la competencia desordenada entre comunidades.

En términos de gasto público, las autonomías son responsables del 36,3% del gasto total de las Administraciones Públicas. Por ello, Gestha considera fundamental fortalecer los compromisos de estabilidad presupuestaria, así como garantizar la eficiencia y transparencia en la ejecución de gastos e inversiones públicas.

Además, los técnicos señalan que la atención a las particularidades de cada región se ha llevado a cabo históricamente a través de fondos financiados por el Estado, y que la mejora en la financiación autonómica siempre ha sido una prioridad. Gestha advierte que la reforma debe velar por que el considerando de ordinalidad no se convierta en un potencial conflicto constitucional y se asegure un mínimo en la prestación de servicios públicos esenciales.

Finalmente, Gestha enfatiza que el actual modelo, obsoleto desde 2014, ha generado significativos déficits de financiación. Por ello, instan a todas las formaciones parlamentarias a avanzar en una reforma ajustada al marco constitucional. Este cambio, considerado uno de los principales desafíos estructurales de España, requiere un pacto multilateral con las comunidades para actualizar el modelo y reforzar la cohesión del Estado autonómico.
Fuente: Gestha