La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) enfrenta una serie de desafíos internos que ponen en peligro la eficacia de sus operaciones y la prestación de servicios esenciales al público. Los Técnicos de Hacienda, pieza clave en la gestión de la recaudación e inspección tributaria, han alzado la voz ante una situación de estancamiento en la gestión de recursos humanos que se arrastra desde hace años.

El bloqueo de los procedimientos de promoción interna ha llevado a un deterioro estructural notable, evidenciado por una caída del 82% en las denuncias del organismo por delitos fiscales desde 2011. Asimismo, la recaudación relativa al PIB derivada de la lucha contra el fraude es ahora un 15% inferior a la de hace una década. A pesar de contar con una plantilla menor que la de hace 25 años, la Agencia ha visto cómo la edad media de sus empleados aumenta, dificultando aún más la gestión eficiente.

Uno de los problemas más evidentes es la falta de una carrera profesional clara para los funcionarios de la AEAT, que resulta en una clara desmotivación y una estructura que se va degradando progresivamente. A medida que los funcionarios experimentados se jubilan, sus puestos, con mayores responsabilidades, son ocupados por nuevos empleados sin la experiencia necesaria y con pocas oportunidades de progreso, lo que afecta la calidad del servicio público proporcionado.

Desde 2007, la única respuesta a este estancamiento fue la implementación de medidas extraordinarias en 2018 y 2019 para evitar el colapso de la estructura de la AEAT. Sin embargo, la ausencia de continuidad en estas medidas ha llevado a la pérdida de 100 millones de euros en presupuesto que podrían haber garantizado una plantilla más robusta y actualizada.

Otro foco de tensión interna surge del problema de movilidad geográfica y funcional de los técnicos de Hacienda. La estructura actual ofrece los destinos de trabajo a los recién aprobados por promoción interna antes que a los técnicos con más méritos y antigüedad, dejando a más de 1.200 técnicos sin la posibilidad de trabajar en lugares donde tienen lazos familiares, y resultando en una distribución ineficaz del personal.

Gestha, la agrupación que representa a estos técnicos, reclama un sistema de ocupación de puestos basado en la igualdad, el mérito y la capacidad. Además, denuncian el incumplimiento de la Ley de prevención del fraude fiscal de 2006, que prometía un reconocimiento adecuado y aprovechamiento del potencial de estos trabajadores capacitados.

En respuesta a esta situación, los Técnicos de Hacienda han convocado una jornada de huelga y una concentración en Madrid para el 26 de noviembre, buscando una Administración más justa, eficiente y transparente. La llamada es clara: la Administración debe entender que la paralización administrativa y la desconsideración hacia sus funcionarios no solo los perjudica a ellos, sino a toda la ciudadanía que depende de un servicio público robusto y eficaz.
Fuente: Gestha