El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, conocido como Gestha, ha manifestado su descontento ante la reciente decisión del Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, de no adecuar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) al aumento del salario mínimo interprofesional (SMI). Según Gestha, esta decisión representa una “medida política” que impactará a los contribuyentes más afectados económicamente y podría obstaculizar la independencia económica de los jóvenes debido a los problemas de acceso a la vivienda.
Ante esta situación, Gestha ha planteado al Gobierno una alternativa fiscal que busca proteger a los trabajadores y pensionistas de menores ingresos. La propuesta consiste en eximir del pago de impuestos a aquellos cuyos ingresos o pensiones se mantengan por debajo del nuevo SMI, fijado en 16.576 euros anuales, independientemente de su situación personal o familiar.
Para compensar la potencial pérdida de ingresos fiscales, Gestha sugiere un ajuste en la reducción por obtención de rentas del trabajo para aquellos ingresos que se sitúan entre el nuevo SMI y el actual límite de rentas netas del trabajo. Con esta medida, también se podrían ver beneficiados otros trabajadores y autónomos hasta el límite vigente de la reducción.
Sin embargo, Gestha subraya que el impacto del IRPF afecta principalmente a quienes perciben entre 15.876 y 16.578 euros al año. Este segmento incluye a solteros, separados sin hijos, matrimonios que presentan declaración individual con un hijo compartido, y trabajadoras del hogar con ingresos anuales inferiores a 22.000 euros, quienes actualmente no enfrentan retenciones.
El sindicato recuerda que la modificación del artículo 20 de la Ley de Renta ya ha sido realizada en anteriores ocasiones ante subidas del SMI, permitiendo a los perceptores del salario mínimo quedar exentos de tributar por el IRPF. Por ello, consideran que el costo tributario de ampliar esta reducción sería mínimo.
En conclusión, para Gestha, la negativa del Ministerio de Hacienda representa no solo una carga adicional para los contribuyentes más vulnerables, sino también una decisión con un trasfondo político que podría tener repercusiones en ámbitos cruciales como la emancipación de los jóvenes.
Fuente: Gestha
