En un panorama inmobiliario español caracterizado por la escasez y la inaccesibilidad, el debate sobre las viviendas vacías cobra más relevancia que nunca. Con más de tres millones de inmuebles desocupados en el país, según cifras del INE, la situación parece estancada entre las trabas del mercado y un fenómeno de propietarios que deciden cerrar sus puertas por inseguridad ante posibles impagos por parte de inquilinos.
El costo de mantener una vivienda cerrada es significativo. Según datos de Fotocasa, al dejar de alquilar un inmueble cuyo precio medio es de 1.083 euros mensuales, un propietario podría perder alrededor de 12.998 euros brutos al año. Esta cifra no contempla los altos costes de mantenimiento y gastos obligatorios, como la cuota de la comunidad de vecinos o el pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI), que también afectan al bolsillo del propietario.
El impacto económico varía según la ubicación y las características del inmueble. En grandes ciudades, mantener una vivienda con un valor catastral de 100.000 euros puede oscilar entre los 3.100 y los 5.060 euros anuales, según un estudio de la correduría Arrenta. Estos gastos incluyen desde el pago de la comunidad hasta seguros básicos y suministros mínimos.
Las cuotas de la comunidad de propietarios representan una carga más que, dependiendo de los servicios del edificio, como ascensores o piscinas, podría elevarse aún más debido a derramas no previstas. En Madrid, por ejemplo, la cuota promedio es de 105 euros mensuales, similar a otras ciudades como Barcelona, Sevilla o Málaga.
Así mismo, el seguro del hogar, aunque no es obligatorio, puede ser una inversión prudente para prevenir gastos imprevistos por daños internos o a terceros. Su costo en Madrid para un piso estándar supera ligeramente los 150 euros anuales.
Otro factor a considerar es el deterioro que sufren las viviendas desocupadas con el tiempo. Elementos como suelos, ventanas o instalaciones sanitarias requieren mantenimiento, que si se descuida, puede implicar reformas costosas. Un cierre prolongado lleva potencialmente a una pérdida de valor del inmueble que podría oscilar entre el 10% y el 20%, según expertos del sector inmobiliario.
Fiscalmente, los propietarios no están exentos de responsabilidades. El IBI, cuyo valor depende de las características catastrales y las regulaciones locales, ahora puede incrementarse con recargos si las viviendas permanecen vacías como medida para incentivar su alquiler. Además, aspectos tributarios relacionados con el IRPF y, en algunos casos, el impuesto de patrimonio, aumentan la carga fiscal.
Finalmente, es importante recordar otras tasas municipales, como la de basuras o el impuesto sobre construcciones, que se pueden acumular en caso de reformas. Este abanico de costes y responsabilidades dibuja un cuadro complejo para quienes optan por dejar sus viviendas vacantes, influyendo directamente en la dinámica del mercado y la oferta disponible.
En este contexto, la política de recargos al IBI para inmuebles desocupados y la presión fiscal buscan promover el alquiler como una solución posible, sin embargo, queda en manos de propietarios y gestores encontrar un equilibrio entre seguridad, beneficio económico y contribución a mitigar la crisis de acceso a la vivienda.
Fuente: Gestha
