El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se acerca a la marca del medio año en el cargo, tiempo en el cual ha intentado priorizar la «normalización» política en Cataluña. Sin embargo, mientras su administración proclama este discurso, encontrarse lejos de los avances esperados en temas cruciales, como la financiación singular prometida en su pacto con Esquerra Republicana (ERC), pinta un panorama de incertidumbre política y económica.
El acuerdo de gobierno, obtenido con la colaboración de ERC el pasado 8 de agosto, se centraba en reconocer el conflicto político entre Cataluña y el Estado español y en instaurar un nuevo modelo de financiación. En la práctica, el eje del conflicto político ha quedado relegado, mientras que el modelo de financiación aún no ve la luz. Esta situación ha resultado en la negativa de ERC a continuar negociando sobre los presupuestos, esperando avances palpables.
Las recientes encuestas reflejan un descontento creciente con la gestión de Illa y su Govern, el cual comparte bajas calificaciones con el ejecutivo de Pere Aragonès. Problemas cotidianos, como el deficiente funcionamiento del servicio de trenes Rodalies que afecta la vida diaria de los catalanes, han oscurecido aún más el paisaje político de la Generalitat, ya en entredicho por el accidentado manejo del tráfico en la AP-7 y la tensión en sectores como la agricultura y la educación.
A pesar de estos retos, Illa ha celebrado ciertas victorias económicas, logrando el retorno de grandes empresas a Cataluña. Recuperar estas compañías, como el Banco de Sabadell, en pleno intento del BBVA por su adquisición, apunta a reforzar el tejido económico regional. Además, puso en marcha un ambicioso programa de inversiones por valor de 18.500 millones de euros, destinado a diferentes sectores estratégicos que podrían devolver a Cataluña su liderazgo económico.
Sin embargo, los desafíos estructurales continúan. La prometida reforma de la financiación, que implica intensas negociaciones con distintas comunidades autónomas y el gobierno central, está lejos de materializarse. El establecimiento de un nuevo esquema de «prosperidad compartida», así denominado por el Govern, implica complejas discusiones y potenciales reformas, en particular la de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que requiere mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
La Agencia Tributaria de Cataluña necesita un significativo fortalecimiento, pasando de gestionar el 9% de los impuestos a asumir la recaudación total, según lo estipulado en el acuerdo de investidura. Este avance demanda un aumento de su capacidad operativa, multiplicando su plantilla para llegar a unos 3.400 empleados, una tarea hercúlea no solo en términos logísticos, sino de negociación con sindicatos reacios al cambio.
En vista a los desafíos por delante, Illa se prepara para un intenso calendario de reuniones bilaterales con el gobierno central con la esperanza de alcanzar consensos antes del vencimiento del actual modelo de financiación, caducado desde 2014. Con el reloj en marcha, el éxito o fracaso de su administración dependerá de la capacidad de sortear las crisis cotidianas y ofrecer un futuro financiero viable para Cataluña. Estos seis meses han mostrado tanto el potencial como las complejas realidades que enfrenta su gobierno, prometiendo mantener al líder socialista ocupado en los años por venir.
Fuente: Gestha
