El reciente anuncio del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, respecto a una exención del IRPF para propietarios que rebajen el alquiler de sus viviendas ha generado un debate significativo entre expertos y entidades del sector. Esta medida, destinada a fomentar la vivienda asequible, pretende ofrecer una bonificación del 100% en el IRPF para aquellos propietarios que ajusten sus precios de acuerdo con el Índice de Precios de Referencia Estatal, sin estar limitados a zonas tensionadas. Aunque la propuesta aún está en desarrollo y se espera que llegue al Congreso de los Diputados en febrero, el impacto y la viabilidad de dicho incentivo están siendo ampliamente discutidos.
La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) ha expresado su escepticismo, argumentando que esta bonificación no resultaría rentable para los arrendadores. Según José Ramón Zurdo, director ejecutivo de ANA, el índice de precios de referencia está basado en datos de rentas declaradas en 2022, lo que considera desfasado para aplicarse en 2024. Los análisis realizados por ANA muestran que, incluso con la bonificación del 100% en el IRPF, los beneficios después de impuestos disminuirían significativamente si los alquileres se ajustan a este índice, considerados por debajo de los valores de mercado.
Por otro lado, los Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF-CGE) presentan una perspectiva más optimista, sugiriendo que la reducción fiscal podría generar un ahorro neto favorable para los propietarios, calculado en al menos 300 euros en muchos casos. Sin embargo, enfatizan que el beneficio real dependerá del ajuste en la renta y de la bonificación final que se apruebe.
Los Técnicos de Hacienda (Gestha) comparten la cautela, calculando que el ahorro podría ser limitado y variable, afirmando que aquellos con ingresos inferiores a 12.000 euros o superiores a 60.000 euros anuales no verían un beneficio destacable. Este análisis subraya que, para la mayoría de los tramos de ingresos, el impacto positivo sería moderado.
Con el debate en pleno desarrollo, el Gobierno debe considerar varios aspectos antes de finalizar la propuesta, incluida la disminución exacta de la renta que se exigirá y las características específicas de las propiedades elegibles. Las principales incógnitas giran en torno a cómo se aplicará esta bonificación en diferentes contextos residenciales y si logrará el objetivo de incentivar el alquiler asequible sin perjudicar a los propietarios.
Desde el ámbito político, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido la medida, calificándola de necesaria para afrontar el desafío de los altos precios del alquiler en España y movilizar viviendas. Rodríguez confía en que la propuesta logre el apoyo necesario en el Parlamento, enfatizando la urgencia de encontrar soluciones para la crisis habitacional.
A su vez, la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana ha recibido la medida positivamente, viéndola como un impulso para facilitar el alquiler asequible, al tiempo que subraya la elevada presión fiscal sobre el sector inmobiliario en España en comparación con otros países europeos. El desenlace de este debate podría cambiar significativamente la dinámica del mercado inmobiliario en España en los próximos meses.
Fuente: Gestha
