En el contexto de una economía española que ha experimentado un incremento notable en la recaudación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), las políticas fiscales de María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, han puesto en el ojo del huracán a su gestión y sugiere un debate nacional sobre la justicia fiscal. La recaudación del IRPF ha crecido un 57% desde 2018, alcanzando la astronómica cifra de 130.000 millones de euros. Este incremento se ha visto impulsado por factores como la mejora del empleo y los salarios en un periodo de recuperación pospandémica, así como por la inflación tras la guerra en Ucrania.
A pesar de estos ingresos históricos, Montero ha decidido introducir un tributo para aquellos trabajadores que perciben el salario mínimo interprofesional (SMI), una medida que ha generado una oleada de críticas por parte de partidos políticos tanto a la izquierda como a la derecha, así como de sindicatos, la patronal y expertos en fiscalidad. La ministra defiende que la notable alza del SMI justifica esta nueva contribución, aunque asegura que el 80% de los trabajadores que reciben el SMI seguirán sin tributar debido a sus situaciones familiares y personales.
El Banco de España ha analizado que cerca de la mitad del aumento del IRPF entre 2019 y 2023 podría deberse a la «progresividad en frío», un fenómeno en el que la falta de actualización del impuesto según la inflación y los salarios lleva a un incremento no explícito en la carga fiscal. Este aspecto ha sido considerado por algunos economistas como un método injusto e inmoral de recaudación, ya que el poder adquisitivo real ha permanecido estancado.
Entre las voces críticas, Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, destaca que esta revisada política fiscal implica el mayor aumento impositivo de la historia reciente de España, especialmente para los perceptores del SMI, quienes, a pesar de no superar el umbral habitual del IRPF, ahora enfrentan retenciones significativas en sus nóminas.
Por su parte, el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, ha propuesto una exención de tributación para aquellos que ganan hasta el nuevo SMI anual, sugiriendo un ajuste fiscal que minimice la pérdida de ingresos para el Estado.
Este complejo panorama fiscal se ve además agravado por la decisión de no deflactar las tarifas del IRPF, en un contexto donde el salario medio apenas ha conseguido recuperar la escalada de precios provocada por una inflación inesperada. El debate está servido, y las miradas continúan posadas sobre la ministra Montero, cuyo acto sobre la tributación del SMI posiblemente determine su legado político y su impacto en la población trabajadora de España.
Fuente: Gestha
