La Cámara Alta ha solicitado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) examine ciertos aspectos de la legislación que afecta a los delitos relacionados con el ‘procés’. Entre los puntos de interés se encuentra la exclusión de la malversación como «delito de corrupción», un cambio que ha generado un intenso debate político y legal. Esta modificación podría repercutir en los casos de funcionarios o políticos que se han beneficiado indebidamente de fondos públicos, alterando la manera en que estos delitos son castigados y considerados dentro del marco legal europeo.
Además, se plantea la posible «discriminación ideológica» en la norma que elimina ciertos delitos vinculados al proceso independentista catalán. La petición refleja una preocupación por las implicaciones legales y de igualdad que podrían resultar de esta norma, sugiriendo que podría afectar desproporcionadamente a ciertos grupos o individuos basados en sus creencias políticas. La intervención del TJUE se considera crucial para esclarecer estos aspectos y garantizar que las normas sean aplicadas de manera justa y equitativa, alineándose con los principios fundamentales de la justicia europea.
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