Esta semana, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha dado un paso adelante en su proyecto de reconciliación presupuestaria, proponiendo una medida que podría imponer la preeminencia federal sobre la regulación estatal de la inteligencia artificial (IA) durante la próxima década. Esta medida significaría que solo el Congreso tendría la capacidad de legislar en esta área, dejando a las legislaturas estatales sin poder para actuar.
La propuesta ha recibido una fuerte resistencia, ya que la preeminencia federal en leyes de privacidad estatales más estrictas ha demostrado ser perjudicial anteriormente. Esta decisión bloquearía la aplicación de políticas estatales diseñadas para mitigar los riesgos emergentes asociados con la IA, y limitaría la capacidad de los estados de responder rápidamente a estos desafíos tecnológicos.
El Congreso, conocido por su lenta reacción ante las tecnologías emergentes, contrasta con los estados, que han sido más proactivos y ágiles en la implementación de regulaciones. Legisladores estatales expresaron en una carta abierta su escepticismo sobre la capacidad de Washington para aprobar una ley integral sobre privacidad o IA. Sin acción federal, la preeminencia continuaría obstaculizando los esfuerzos estatales.
Dado el rápido avance en la industria de la IA, es complejo predecir su forma futura, subrayando la necesidad de que los legisladores estatales puedan actuar ante nuevos problemas. Los proyectos de ley estatales sobre IA buscan equilibrar entre fomentar la innovación y proteger al consumidor. La Electronic Frontier Foundation (EFF) apoya algunos de estos proyectos, mientras se opone a otros, resaltando que limitar la acción estatal favorece desproporcionadamente a las grandes empresas.
Impedir que los estados legislen podría detener el progreso. Las grandes tecnológicas han intentado debilitar o revertir protecciones legales a nivel estatal, reflejándose ahora en el ámbito de la IA. Un ejemplo es Colorado, que aprobó una ley de protecciones en IA el año pasado, pero ha enfrentado presión de empresas del sector para suavizarla.
Ante este panorama, se levanta una clara oposición a la medida propuesta, instando al Congreso a reconsiderar esta decisión que podría ser perjudicial para la innovación y la protección del consumidor en el futuro cercano.
