El reciente anuncio del plan inversor de 18.500 millones de euros aprobado por el Govern de Salvador Illa marca un retorno significativo para Cataluña en varios frentes. Este plan representa un extenso programa de inversiones que busca revitalizar la economía productiva de la región, retomando su dirección y aspiraciones tras un periodo dominado por la política de quejas. Aunque el proyecto no se trata de un presupuesto o un marco financiero plurianual al estilo de la Unión Europea, su implementación contempla una serie de 200 operaciones concretas a ejecutarse en una legislatura, reflejando la influencia del plan Next Generation EU, centrado en la recuperación y relanzamiento económicos. Las prioridades del plan catalán se enfocan principalmente en infraestructuras esenciales, la actualización del aparato productivo y la innovación, áreas que aglutinan el 89% de la financiación. Mediante un uso estratégico de las facultades administrativas y la colaboración público-privada, el gobierno catalán busca estimular el crecimiento económico y reforzar su competitividad dentro de España y Europa.
La estrategia incluye la creación de «Lidera», una nueva entidad gestora para agilizar las inversiones públicas, así como un clúster financiero para consolidar la sinergia entre los sectores público y privado. Destaca también el impulso a las start-ups con un fondo de capital-riesgo público que aspira a incrementar el número de estas empresas innovadoras en un 50%, alcanzando las 3.000. Entre las medidas más innovadoras está la creación de «Innofab», dedicada al diseño y prefabricación de semiconductores, transformando avances científicos en proyectos industriales tangibles. Otra parte significativa del plan es responder a las necesidades de infraestructuras cruciales, como garantizar un suministro hídrico capaz de cubrir el 70% de la demanda con una inversión de 2.000 millones de euros, avanzar en energía renovable mejorando la capacidad de generación hasta los 12.000 nuevos megavatios, y modernizar las comunicaciones digitales. Este enfoque busca articular una financiación ortodoxa, donde dos tercios del presupuesto provengan de las arcas de la Generalitat y el resto de créditos del Institut Català de Finances, sugiriendo que, aunque ambicioso, el plan es alcanzable.
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