La controversia entre el Gobierno español, compuesto por el PSOE y Sumar, y diversas instituciones como la Iglesia católica, ha alcanzado un nuevo punto álgido. La polémica se centra en las recientes demandas de Sumar, liderado por Yolanda Díaz, para que se tomen medidas contra la Iglesia debido a las celebraciones en memoria de Franco ocurridas en noviembre. Esto incluye la exigencia de retirar las subvenciones, tanto directas como indirectas, basándose en la Ley de Memoria Histórica acordada con Bildu. El Gobierno parece decidido a enfrentar a distintas instituciones, generando tensiones en un ambiente ya polarizado, mientras avanza con un discurso de conmemoración centrado en la figura histórica de Franco.
Sumar manifiesta su respeto por la libertad religiosa, pero insiste en revisar el apoyo financiero a la Iglesia por permitir conmemoraciones consideradas apologéticas del franquismo. Esta insistente referencia a Franco se ha vuelto una constante en el discurso de la izquierda, lo que algunos observadores interpretan como una estrategia electoral que comienza a mostrar señales de desgaste. La iniciativa coincide con el anuncio de más de un centenar de actos en 2025 por parte de Pedro Sánchez para celebrar el 50 aniversario de la muerte del dictador bajo el lema «España en libertad». Sin embargo, las críticas al Gobierno no solo se centran en su enfoque hacia la Iglesia sino también en la aparente hipocresía al no condenar de igual manera a partidos socios como Bildu, a quienes se acusa de hacer apología del terrorismo etarra.
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