En Santo Tomás de los Plátanos, un municipio del Estado de México, la toma de protesta de su nuevo alcalde, Pedro Luis Hernández de Paz, terminó en una fuga surrealista que atrajo atención nacional. Ligado a la Familia Michoacana, Hernández de Paz escapó de un megaoperativo policiaco-militar al momento de asumir el cargo. El despliegue de más de quince vehículos de la policía mexiquense y la Guardia Nacional no logró capturarlo, dejando en evidencia problemas dentro de las instituciones de seguridad. Este incidente se enmarca en la «Operación Enjambre», una redada que busca enfrentar al narcotráfico y sus derivados a través de investigaciones más sofisticadas, pero que podría estar actuando con motivaciones cuestionables, según detractores.
Tras el bochornoso intento de captura, la Fiscalía del Estado de México detuvo a quince personas, acusándolas de complicidad en la fuga del alcalde y participación en redes de extorsión locales. Elementos acusatorios, que incluyen desde participación en la escapatoria hasta abuso de autoridad, enfrentan cuestionamientos por su solidez y los métodos empleados. Detenidos, como Violeta N., sostienen haber sido víctimas de abusos por parte de las autoridades en su detención, lo que reaviva el temor de que estas acciones tengan más de montaje político-policial que de justicia efectiva. En medio de un clamor por seguridad y justicia, el incidente pone a prueba la capacidad de las autoridades para actuar con legalidad y transparencia, sin caer en simulacros o violaciones de derechos que dejan en la incertidumbre a las comunidades más vulnerables.
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