La última semana ha sido crítica para el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, con una serie de hechos violentos que han puesto a prueba su estrategia de seguridad y sus esfuerzos por la llamada “paz total”. El secuestro de 34 militares por civiles tras una operación en contra de las disidencias de Iván Mordisco en Guaviare resalta la inseguridad persistente. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha condenado este acto como secuestro y destacó las dificultades enfrentadas por su cartera. Este incidente se suma a otros recientes como el ataque a un helicóptero de la policía, que resultó en 13 fallecidos, y un atentado terrorista que dejó seis civiles muertos y más de 70 heridos.
Estos eventos han reavivado el debate sobre la seguridad en la inminente campaña presidencial. Grupos de oposición, encabezados por el Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe, han aprovechado la situación para criticar a Petro y posicionar la seguridad como una prioridad electoral. En contraste, Petro ha endurecido su posición, calificando a las disidencias y otros grupos como «organizaciones terroristas». Además, el ambiente se complica con la presencia militar en la frontera con Venezuela, donde tropas estadounidenses y venezolanas incrementan la tensión. En este contexto, figuras políticas como Miguel Uribe Londoño lanzan sus precandidaturas destacando la necesidad de restablecer la seguridad, mientras la derecha utiliza el tema de las disidencias de las FARC para atacar a candidatos de izquierda.
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