El Tribunal Supremo Popular ha decidido revocar la libertad condicional de Ferrer, un prominente activista, basándose en varios argumentos relacionados con su comportamiento. Según el tribunal, Ferrer mostró mala conducta y no asistió a dos citaciones judiciales, lo cual influenció directamente en la decisión del tribunal. Además, las autoridades mencionaron que Ferrer realizó llamados al desacato y al desorden público, lo que, según argumentan, representa una amenaza al orden social establecido.
En paralelo a estas acusaciones, el tribunal también destacó los supuestos vínculos de Ferrer con la Embajada de Estados Unidos, sugiriendo que estos lazos podrían haber incentivado su comportamiento desafiante. Este caso ha generado numerosas reacciones en la comunidad internacional, donde diversos grupos de derechos humanos han expresado su preocupación por lo que consideran una medida desproporcionada y represiva hacia el activismo en el país. La situación continúa siendo observada de cerca por múltiples organizaciones y gobiernos que abogan por el respeto a los derechos fundamentales.
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