En 2020, el Ayuntamiento de la ciudad declaró el estado de ruina de ciertas infraestructuras, lo que puso en marcha un proceso de rehabilitación que ahora enfrenta serios obstáculos. La declaración tenía como objetivo abordar problemas estructurales y de seguridad, pero los avances se ven impedidos por un complejo entramado de propiedad que ha surgido recientemente. Este enredo burocrático ha significado retrasos considerables en la planificación y ejecución de las reformas necesarias, lo que genera preocupación tanto en las autoridades locales como entre los residentes afectados.
El principal desafío radica en la multitud de propietarios, algunos de los cuales han planteado objeciones legales, complicando aún más la situación. La falta de consenso y coordinación entre las partes involucradas ha llevado a un estancamiento del proyecto, que inicialmente prometía revitalizar la zona. Esta situación ha motivado al Ayuntamiento a buscar medidas alternativas para superar estos obstáculos legales, mientras los problemas de infraestructura persisten. La situación subraya la necesidad de una solución colaborativa y efectiva entre el gobierno local y los propietarios para avanzar en el proceso de renovación.
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