La nueva normativa aprobada por el gobierno impone un impuesto destinado a desincentivar la compra de propiedades por parte de ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea. Esta medida busca frenar la especulación y el aumento de precios en el mercado inmobiliario, que a menudo dificulta el acceso a la vivienda para los residentes locales. El objetivo es proteger al comprador nacional y asegurarse de que el crecimiento del mercado inmobiliario sea sostenible y equitativo.
Además, la norma introduce cambios en la tributación de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI). Estas modificaciones se centran en ajustar el marco fiscal para estas entidades, buscando aumentar la contribución del sector al desarrollo económico del país. Los cambios se presentan como una forma de equilibrar la carga fiscal y asegurar que el mercado inmobiliario funcione de manera justa y eficiente, beneficiando tanto a inversores como a ciudadanos comunes.
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