El ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha comenzado a formalizar el acceso de los funcionarios a la jubilación parcial mediante una serie de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Estas modificaciones a la futura Ley de Función Pública buscan restaurar una opción de retiro anticipado eliminada en 2012 bajo el mandato del Partido Popular. La jubilación parcial permite que los trabajadores puedan reducir su jornada laboral mientras reciben una parte de su pensión, lo cual actualmente es una posibilidad para los trabajadores asalariados, pero no para los funcionarios. Las enmiendas buscan modificar leyes clave, como el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley General de la Seguridad Social y la Ley de Clases Pasivas, con el fin de equiparar las condiciones de retiro entre el sector privado y el público.
Las enmiendas socialistas también incluyen proponer ampliar de 70 a 72 años la edad de jubilación forzosa para funcionarios, respondiendo a demandas de sectores como médicos, jueces y profesores universitarios. Esto permitiría prórrogas de un año en el servicio activo hasta alcanzar los 72 años. Además, se planifica que el sistema de jubilación parcial incorpore la figura del relevista, quien deberá ser un funcionario de carrera para cubrir las horas que el jubilado no trabaje. En paralelo a los cambios de jubilación, otras enmiendas propuestas buscan mejorar la conciliación familiar, sugiriendo un permiso parental retribuido de hasta ocho semanas, dos de las cuales serían pagadas, alineándose con normativas europeas de conciliación, aunque generando discrepancias con el sector privado donde esta retribución no está contemplada.
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