El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso una proposición de ley destinada a limitar la acusación popular, una medida que busca impedir que partidos políticos, asociaciones y fundaciones vinculadas a ellos puedan ejercerla. La propuesta, que surge tras la investigación abierta contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a partir de denuncias de Manos Limpias basadas en recortes de prensa, también prohíbe admitir denuncias sin fundamento creíble. Excepcionalmente, se permitirán denuncias basadas en hechos de conocimiento general o declaraciones no cuestionadas de personalidades políticas. La iniciativa, según el PSOE, se enmarca en la necesidad de proteger los derechos fundamentales frente al «acoso y difamación sistemática» promovidos por sectores ultraderechistas.
La norma, de aprobarse, también excluiría del derecho a ejercer la acusación popular a organismos como el Gobierno central, los parlamentos nacionales y regionales, y las instituciones judiciales. La reforma implicaría cambios en el Código Penal, derogando el artículo que sanciona las ofensas a sentimientos religiosos y modificando leyes sobre enjuiciamiento penal. Patxi López, portavoz del grupo parlamentario socialista, ha defendido que la medida busca salvaguardar la neutralidad judicial frente a injerencias políticas, aunque la propuesta enfrenta el rechazo del Partido Popular. A pesar de la oposición, López espera obtener un amplio respaldo para aprobar la ley, que se presenta en un contexto de tensión política, con el PP crítico del intento del gobierno de «controlar y amedrentar a los jueces», en palabras de sus portavoces.
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