El apoyo del PSOE a la ley impulsada por Junts que endurece las penas por reincidencia en delitos leves ha generado un revuelo en el panorama político español, sin alterar los equilibrios fundamentales del Gobierno. Este respaldo del partido de Pedro Sánchez parece ser un intento de acercamiento hacia el entorno de Carles Puigdemont y, aunque su objetivo no es desbloquear acuerdos clave con Junts, sí refleja un movimiento estratégico en un contexto político complejo. A pesar de que el PSC, bajo la dirección de Salvador Illa, ha respaldado esta iniciativa desde hace tiempo, el gesto ha provocado tensiones con los socios de izquierda, quienes advierten sobre el riesgo de alimentar discursos racistas que vinculan la delincuencia con la inmigración.

La ley fue aprobada en el Congreso gracias a una mayoría que incluyó a PP, Vox, Junts, PNV y PSOE, pero la satisfacción de Junts se centra más en la percepción de esta decisión como un «pago de deudas» que en una reivindicación fundamental. Mientras tanto, los aliados progresistas del PSOE, incluidos los miembros de Sumar y Bildu, criticaron la medida al considerar que podría propagar un discurso ultraderechista. ERC, por su parte, optó por la abstención, reconociendo la presión para abordar la multirreincidencia en sus municipios, pero manteniendo su postura de que el enfoque punitivo no es la solución adecuada para el contexto de inseguridad en Cataluña. La realidad, según afirman, muestra un descenso en la delincuencia que contrasta con el relato que impulsan las fuerzas de la derecha.

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