El Tribunal Constitucional de España ha brindado su amparo a una exconsejera previamente condenada por el Tribunal Supremo, en un giro inesperado en el complejo entramado judicial que rodea su caso. La decisión del Constitucional cuestiona la sentencia original y plantea una reflexión sobre la interpretación de las leyes aplicadas. Sin embargo, esta situación se ha enredado aún más ya que la Audiencia, al evaluar las actuaciones del Constitucional, ahora considera que podría haber una extralimitación en su intervención, sugiriendo que se revisaron competencias que no correspondían.
Ante este escenario, la Audiencia ha puesto sobre la mesa la posibilidad de escalar la situación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para obtener claridad sobre la jurisprudencia aplicada en el contexto del derecho europeo. Esta decisión está provocando un entorno de incertidumbre legal, donde las distintas interpretaciones por parte de los órganos judiciales están llevando a una confrontación que podría tener implicaciones significativas en el ámbito jurídico español y también en el marco de las legislaciones compartidas en la Unión Europea. Los ojos están puestos ahora en cómo el TJUE podría influir y resolver este conflicto de competencias y legislaciones.
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