El Tribunal de Apelaciones del Reino Unido ha desestimado el recurso interpuesto por el príncipe Enrique, quien buscaba mantener el mismo nivel de protección policial que otros miembros de la familia real, financiada por el Estado. Esta decisión reafirma la medida tomada en febrero de 2020, cuando se decidió rebajar su seguridad después de que él y Meghan Markle renunciaran a sus deberes reales y se trasladaran a California. Enrique expresó su decepción calificando el fallo como un «truco del establishment» y culpó a su padre, el rey Carlos III, de influir en la decisión. Según el príncipe, las tensiones familiares aumentaron debido a esta disputa, afectando su relación con el monarca, diagnosticado con cáncer en 2024.
Enrique ha participado activamente en el proceso legal, aunque sus argumentos fueron considerados insuficientes para contradecir al Comité de Protección de Figuras Públicas. Su abogada, Shaheed Fatima, destacó la precariedad de la seguridad sin acceso a información de inteligencia británica, vital para su bienestar. A pesar de las amenazas recibidas y los incidentes con paparazzi, el tribunal consideró comprensible la decisión de reducir la seguridad. A Enrique se le exige ahora comunicar cualquier visita al Reino Unido con 30 días de anticipación para evaluar la protección necesaria, y enfrenta potenciales costos legales significativos. Con esta desestimación, el príncipe solo podría apelar al Tribunal Supremo para intentar revertir la resolución.
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